Aborto seguro: un derecho que no todas pueden ejercer
El acceso al aborto seguro y legal sigue siendo un privilegio.
La capacidad de acceder a un aborto seguro a menudo depende de factores como la solvencia económica o la residencia en un estado o país donde el aborto está legalizado.
Esto deja a muchas mujeres y personas gestantes en situaciones de vulnerabilidad, obligándolas a tomar decisiones arriesgadas para interrumpir un embarazo no deseado.
La realidad de las desigualdades en el acceso al aborto
En los países y regiones donde el aborto es ilegal o está altamente restringido, quienes no tienen los medios económicos para viajar a lugares donde la interrupción del embarazo es legal se encuentran atrapados en un sistema que ignora su autonomía y derechos.
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Estas restricciones obligan a muchas personas a buscar alternativas inseguras, arriesgando su salud y, en algunos casos, sus vidas.
Las estadísticas y los testimonios de mujeres en estas situaciones muestran una cruda realidad: los abortos clandestinos y peligrosos son una consecuencia directa de las políticas restrictivas.
Estas personas enfrentan el miedo a las complicaciones médicas, el estigma social y, en algunos casos, sanciones legales.
El privilegio económico como factor diferenciador
Para aquellas con recursos económicos, el panorama es diferente.
Pueden permitirse viajar a lugares donde el aborto es legal y seguro, garantizando así su salud y bienestar.
Este privilegio económico crea una brecha entre quienes pueden ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo y quienes están a merced de las leyes restrictivas y las circunstancias adversas.
La necesidad de una legislación equitativa
La disparidad en el acceso al aborto no es solo una cuestión de justicia social; es un problema de salud pública y derechos humanos.
La falta de acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo perpetúa la desigualdad y pone en peligro a las mujeres y personas gestantes más vulnerables.
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Es imperativo que los legisladores aborden estas desigualdades y trabajen hacia una legislación que garantice el acceso universal a la salud reproductiva, independientemente del estatus económico o la ubicación geográfica.
La capacidad de decidir sobre el propio cuerpo debería ser un derecho fundamental para todas las mujeres y personas gestantes, sin importar su situación económica o lugar de residencia.
Mientras tanto, la desigualdad persiste, y muchas mujeres y personas gestantes se ven obligadas a navegar en un sistema injusto que pone en riesgo su salud y su vida.
Es necesario un cambio estructural que elimine las barreras al acceso al aborto seguro y legal para asegurar que todos tengan la misma oportunidad de ejercer sus derechos reproductivos.
Por Keila Itzel Rodríguez Peña
