Ley Mya: una lucha estancada
La Ley Mya es una iniciativa que busca reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para sancionar la tentativa de feminicidio cometida por menores de edad.
Sin embargo, a pesar de que fue presentada el 9 de febrero de 2023, su avance ha sido lento, y en 2025 aún no se ha logrado justicia para la víctima que inspiró su creación, ni para otras mujeres en situaciones similares.
El origen de la Ley Mya
Esta iniciativa surge a raíz del caso de Mya Villalobos, una joven de 17 años que en 2022 fue brutalmente agredida por su expareja, también menor de edad, quien intentó asesinarla.
A pesar de la gravedad de los hechos, el agresor quedó en libertad debido a que la legislación vigente no contempla penas severas para la tentativa de feminicidio cuando es cometida por adolescentes.
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Ante la indignación y la falta de justicia, la diputada Adriana Terrazas Porras, de Morena, presentó la Ley Mya en el Congreso de Chihuahua y posteriormente en el Congreso de la Unión, con el objetivo de modificar el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Esta reforma permitiría la privación de la libertad en casos de tentativa de feminicidio y endurecería las penas en el Código Penal de Chihuahua cuando los delitos sean cometidos contra mujeres.
Dos años después, la justicia sigue pendiente
Aunque la Comisión de Justicia aprobó la iniciativa en marzo de 2023, su avance en el Congreso de la Unión ha sido prácticamente nulo.
A pesar de que en octubre de 2024, la diputada Tania Valentina Rodríguez impulsó nuevamente la propuesta en conjunto con el Congreso de Chihuahua, hasta 2025 no se ha concretado su aprobación.
Este retraso legislativo deja en la impunidad casos como el de Mya y evidencia la falta de voluntad política para garantizar justicia a las víctimas de violencia de género.
Mientras la Ley Mya sigue estancada, los feminicidios y tentativas de feminicidio cometidos por menores de edad continúan sin un castigo ejemplar.
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La propuesta sigue en espera de ser discutida y aprobada a nivel federal.
Se ha exigido que se agilice su proceso, señalando que se trata de hacer justicia en el caso de Mya Villalobos, sino de proteger a futuras víctimas de violencia extrema.
