Colombia le falló a Sara: transfeminicidio sacude a Antioquia
La arrojaron rota al agua para que no pudiera nadar. Querían que muriera sin auxilio y sin testigos. Pero la vieron. Y hoy, su nombre resiste.
Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, fue víctima de un transfeminicidio brutal en Bello, Antioquia, Colombia. La golpearon hasta quebrarle los brazos y las piernas antes de lanzarla a la quebrada ‘La García’, donde agonizó ante la mirada de transeúntes que grabaron el horror con sus celulares. Murió al día siguiente, el 5 de abril, tras ser rescatada con vida por bomberos y policías locales.
La escena, tan cruel como inhumana, no fue sólo un crimen atroz: fue un mensaje. Un acto de odio que carga con el peso de la impunidad y de un país que aún no protege ni reconoce del todo a sus ciudadanías diversas.
“Duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos”, escribió Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello, quien anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, aún prófugos.
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Pero las cifras y las alertas hablan de algo más grande: una violencia sistemática contra las personas LGBTIQ+ en Colombia, especialmente contra las mujeres trans.
Según la organización Caribe Afirmativo, en lo que va del año se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+, 15 de ellos contra personas trans. El departamento de Antioquia concentra más de la mitad: 13 crímenes, dos de ellos ocurridos en el mismo municipio donde murió Millerey. La Alianza Social LGBTI había emitido en febrero una alerta por “dinámicas de limpieza social dirigidas a población trans” en Bello.
La violencia no es nueva, pero cada vez es más visible. El video del ataque a Sara se viralizó en redes sociales y provocó reacciones inmediatas. El presidente Gustavo Petro calificó el asesinato como un acto de “fascismo”: “La eliminación violenta de las diferencias del ser humano. Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay nazis en Colombia”.
También se pronunció el Ministerio de Igualdad y Equidad, que convocó una mesa urgente con el Ministerio del Interior para dar seguimiento al caso. Sin embargo, desde el Congreso también hubo críticas: la diputada Jennifer Pedraza denunció que la Alcaldía de Bello usó el nombre de nacimiento de Sara tras su muerte, negando su identidad de género. “Este país le falló en vida y ahora también en su muerte”, señaló.
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El transfeminicidio de Sara Millerey no fue un hecho aislado. Fue un crimen de odio, atravesado por el abandono, la indiferencia institucional y la transfobia estructural.
Hoy su nombre ya no puede borrarse. Exige justicia. Y recuerda que mientras en Colombia se siga matando por ser diferente, la deuda del Estado y de la sociedad con la comunidad trans no sólo sigue abierta: sangra.
