Mujeres con discapacidades en México: dobles desafíos en un entorno desigual

Ellas Dicen

En México, las mujeres con discapacidades enfrentan una doble discriminación: por género y por su condición.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había más de 20 millones de personas con alguna discapacidad en el país, de las cuales el 53% son mujeres.

Sin embargo, las barreras estructurales y culturales exacerban la desigualdad para este grupo, dificultando su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo.

Educación: una puerta cerrada

El acceso a la educación es uno de los mayores retos.

A pesar de los esfuerzos por incluir a personas con discapacidad en el sistema educativo, solo el 30% de las niñas y mujeres con discapacidad logran completar la educación básica.

Esto se debe a la falta de infraestructura accesible, prejuicios de la sociedad y una percepción de que su educación no es “prioritaria” en las familias.

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Empleo: brecha persistente

En el ámbito laboral, las cifras son alarmantes.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solo el 26% de las mujeres con discapacidad participan en el mercado laboral, frente al 60% de los hombres con discapacidad.

Muchas enfrentan obstáculos para conseguir empleo formal debido a estereotipos que las consideran menos productivas o costosas para las empresas.

Esto las empuja hacia la informalidad, donde no tienen acceso a seguridad social ni derechos laborales.

Violencia de género: invisibilizada y agravada

Las mujeres con discapacidades son especialmente vulnerables a la violencia de género.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) indica que siete de cada diez mujeres con discapacidad han experimentado algún tipo de violencia, ya sea física, emocional o sexual.

En muchos casos, su dependencia económica o física las hace más susceptibles al abuso y menos capaces de denunciarlo.

Hacia una sociedad más inclusiva

Aunque se han implementado políticas como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las acciones siguen siendo insuficientes.

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Expertas como Gabriela Nava, defensora de derechos humanos, señalan que es crucial adoptar un enfoque interseccional que considere tanto el género como la discapacidad en la planeación de políticas públicas.

Esto implica garantizar accesibilidad universal, promover la educación inclusiva y brindar capacitación a empleadores para derribar estigmas.

La inclusión de las mujeres con discapacidades es un acto de justicia social, una necesidad para construir una sociedad más equitativa.

El desafío radica en cambiar las narrativas culturales y transformar las estructuras que perpetúan su exclusión.

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