Violencia digital y Ley Olimpia: urgen nuevas reformas ante el uso de IA
La Ley Olimpia, considerada un hito en la protección contra la violencia digital en México, enfrenta nuevos retos ante la evolución tecnológica.
Aunque actualmente sanciona delitos como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, activistas y autoridades han señalado la necesidad de actualizarla para enfrentar el uso de inteligencia artificial (IA) como herramienta de agresión.
Un caso emblemático es el de Diego N., exestudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acusado en 2023 de crear más de 1,600 fotografías y 2,000 videos con contenido sexual, utilizando imágenes reales de compañeras a través de IA.
La semana pasada, el juez Francisco Salazar Silva absolvió a Diego N. de uno de los tres delitos por los que está siendo procesado, lo que provocó críticas de colectivos que apoyan a las víctimas.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la urgencia de tipificar como delito la creación de contenido sexual mediante IA sin consentimiento.
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Este llamado generó debates y cierta confusión sobre lo que actualmente sanciona la Ley Olimpia.
¿Qué es la Ley Olimpia?
Es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que busca sancionar delitos digitales que violen la intimidad sexual.
Impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, la ley reconoce la violencia digital como una forma de agresión y busca garantizar justicia para las víctimas de ciberviolencia.
Alcance y sanciones actuales
- Conductas sancionadas:
- Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido íntimo sexual sin consentimiento.
- Difundir, comercializar o compartir dicho contenido.
- Sanciones:
- Prisión de tres a ocho años, dependiendo del estado.
- Multas de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 54,000 y 108,000 pesos.
Retos ante la IA y nuevas formas de violencia digital
La difusión de contenido manipulado por IA representa un vacío legal en varios estados.
Actualmente, 28 entidades han aprobado normas que sancionan la violencia digital, pero las reformas federales para unificar estos criterios están pendientes en el Senado.
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Activistas subrayan que la Ley Olimpia debe actualizarse para incluir explícitamente el uso de tecnologías emergentes en actos de violencia digital.
Esta laguna jurídica complica la persecución de delitos como los del caso Diego N., donde la simulación de contenido íntimo mediante IA se convierte en una herramienta de agresión.
Con la creciente incidencia de este tipo de casos, el llamado a reforzar el marco legal y la implementación de medidas preventivas se ha convertido en una prioridad para proteger a las mujeres en el entorno digital.
