¿El sistema me cuida… o protege a los violadores?
La violencia de género es una realidad cotidiana, el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual sigue siendo una lucha cuesta arriba.
Mientras las denuncias se acumulan en los escritorios de las fiscalías, los agresores caminan libres, amparados por un sistema que parece estar diseñado más para protegerlos que para castigarlos.
Casos de impunidad se repiten una y otra vez: investigaciones que avanzan con lentitud, pruebas ignoradas, víctimas revictimizadas y jueces que otorgan beneficios a agresores bajo argumentos como la “falta de pruebas contundentes” o la “duda razonable”.
El mensaje es claro: denunciar no garantiza justicia, pero sí expone a la víctima a un proceso desgastante y muchas veces infructuoso.
Denunciar: un riesgo sin garantías
El miedo, la revictimización y la impunidad han llevado a que muchas mujeres decidan no denunciar a sus agresores.
En México, solo el 8% de los delitos sexuales son denunciados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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De ese porcentaje, la mayoría de los casos no llegan a una sentencia condenatoria, lo que refuerza la percepción de que el sistema judicial no solo es ineficaz, sino que protege a los agresores.
Las víctimas que se atreven a denunciar enfrentan un proceso desgastante: desde el descrédito por parte de las autoridades hasta la revictimización en los interrogatorios, donde en lugar de centrarse en el agresor, se cuestiona la vestimenta, el comportamiento o el pasado de la denunciante.
En muchas ocasiones, los agresores reciben penas mínimas o son liberados por tecnicismos legales, lo que desincentiva aún más la búsqueda de justicia.
Si bien, visibilizar y alzar la voz en casos de violencia ayuda a que parte de las víctimas no se sientan solas y son la voz de quienes no hablan: los resultados jurídicos provocan el efecto contrario.
Mientras tanto, las víctimas son forzadas a cargar con el peso del silencio o a enfrentar un sistema que, lejos de protegerlas, las pone en riesgo una vez más. ¿Hasta cuándo la justicia seguirá actuando como un cómplice más de la violencia sistemática?